La persona o institución que sufre un robo se ve privada de lo que es de su propiedad, lo que causa daño al patrimonio de personas, empresas, instituciones y del propio país. A veces, esto ocurre con violencia. Se genera un clima de desconfianza, desesperanza y desánimo, de manera que la persona que es víctima de un robo se cuida más y toma medidas más estrictas y excluyentes en perjuicio de los que no roban. Esto encarece los costos de la vida, pues obliga a instalar medidas de seguridad que implican contratación de pólizas de seguro, contratación de infraestructura de seguridad (paredes, rejas, cerraduras, etc.), contratación de personal, creación de áreas de seguridad en las instituciones y de instituciones de vigilancia en el país, entre otras medidas de protección.
Por otra parte, en el caso del abuso sexual, no solo sufren los acosados, sino también los agresores, los testigos, los padres, las madres, los hermanos, los familiares: en definitiva, la sociedad entera. Los testigos de la violación padecen bloqueos emocionales, intelectuales y alteraciones de conducta que les pueden llevar a un final funesto. Sus sufrimientos no son transitorios y pueden desafiar un desarrollo futuro normal. El abuso sexual acarrea desconfianza en la víctima, además de originar conciencia de culpa y vergüenza en ella, pues, en cierta medida, queda la culpa inconsciente de haber incentivado dicho acto.Además, en el caso de los secuestros o raptos, el acto delictivo tiene como consecuencia la violación física y psicológica. Los secuestradores juegan con los sentimientos de los familiares de sus víctimas al amenazarlos con la muerte de estos, si no pagan por el rescate. Asimismo, los delincuentes abusan físicamente de sus víctimas si estas no son rescatadas.
En conclusión, la seguridad ciudadana es un bien público que el Estado debe garantizar y proteger. Enfrentar la violencia y fomentar la seguridad, por tanto, es manifestar la voluntad de conseguir un mejor desarrollo para nuestro país.
