No pasa día sin que la delincuencia se cobre, en alguna localidad del país, una nueva víctima. Se trata, a veces, de un delito resonante, previsto y organizado sobre la base de un dato de "inteligencia" criminal oportunamente obtenido; se trata, en otros casos, de algún asalto o arrebato ocasional, fruto de un eslabonamiento de hechos o datos más o menos casuales. Por supuesto, la delincuencia no es nunca hija del azar. Es siempre el producto de una correlación de omisiones, negligencias y fracasos extendidos en el cuerpo social y acumulados en el tiempo.
En los últimos días, se perpetraron delitos que no dejan de sorprender por el escenario en el que fueron consumados. Una señora fue robada y agredida sexualmente en pleno centro porteño -en el tramo sur de la avenida 9 de Julio- por cuatro menores que se introdujeron repentinamente en su automóvil y convirtieron su viaje, durante quince minutos, en un verdadero infierno. La intervención policial y la movilización espontánea de un vecino permitieron detener a los agresores. El desenlace de ese vandálico episodio podría hacer nacer en la opinión pública cierta corriente de optimismo, pero es probable que nos lleve también a otra clase de consecuencias polémicas. Téngase en cuenta que en estos mismos días hemos sido informados de un asalto perpetrado por un menor que había sido detenido por la policía tan sólo dos semanas antes. ¿Cómo evitar o eludir la idea de que algo está funcionando mal en el ámbito de aplicación de la legislación penal juvenil? La semana última, una mujer y su nieto fueron atacados y golpeados salvajemente en su propia casa, en el barrio porteño de Agronomía. La mujer murió días después a consecuencia de los golpes.
En José C. Paz, el dueño de un establecimiento metalúrgico, en uso del principio de la legítima defensa, dio muerte a uno de sus tres asaltantes, aunque no pudo evitar ser herido él mismo y hoy está en gravísimo estado. Entretanto, otro episodio agregó elementos preocupantes a la hora de examinar el viejo tema de los vecinos que se arman en defensa propia: un comerciante de Remedios de Escalada, al intentar repeler un asalto, dio muerte involuntariamente a una vecina, ajena por completo al delito que se estaba consumando. ¿Qué podría decirse, por otro lado, del caso del taxista de Cipolletti que resultó asesinado por un pasajero, días atrás, a raíz de una discrepancia sobre el precio del viaje?
Este rápido repaso de sólo algunos de los hechos dolorosos o sombríos que se registraron en los últimos días debería servir para confirmarnos en la idea de que el gravísimo problema de la inseguridad remite a una pluralidad de causas y de conflictos y responde a un cúmulo de factores, casi todos ellos de extremada complejidad. A menudo se cae en la tentación de atribuir el auge de ciertas formas de delincuencia a una única razón desencadenante y se incurre en simplificaciones o reduccionismos analíticos, que no ayudan a examinar el tema con la seriedad necesaria. Se alude, por ejemplo, a la incidencia de los desequilibrios sociales como causas generadoras de un aumento de la delincuencia o se atribuye el crecimiento de la inseguridad a la completa ineficacia de las fuerzas policiales, a la excesiva lenidad de ciertos funcionarios judiciales, a errores en la legislación penal vigente e incluso a los brotes de corrupción advertibles en el escenario institucional de la República, tanto en el orden nacional como en la esfera provincial. También se señalan como datos inquietantes ciertos componentes culturales, como el auge de la violencia en sectores juveniles.
Está claro que todos esos factores son reales y necesariamente deben ser considerados, pero ninguno de ellos podría ser señalado como único o excluyente a la hora de formular un diagnóstico creíble sobre la realidad social imperante en materia de delincuencia e inseguridad. Lo importante es atribuirles a todos ellos la gravedad que les corresponde y analizarlos con el máximo rigor, despolitizándolos y desideologizándolos, y tratando de establecer, además, de qué manera se relacionan e interactúan unos con otros.
Entretanto, siempre será menester tomar conciencia de la necesidad de salvaguardar y defender el sistema de prevención general del delito, sobre el cual reposan, obviamente, los principios de la causalidad jurídica y de la seguridad social.
Cuando insistimos, y lo hemos hecho permanentemente desde estas columnas, en que ningún acto delictivo o criminal debería quedar impune o "libre de castigo" no estamos alentando o exigiendo la mera aplicación de una sanción moral a quien ha quebrantado una norma o ha vulnerado los derechos de otras personas. La idea de "castigo" o "represalia" puede ser aceptada en algunos casos como una realidad emocional inevitable, pero no es de ningún modo la que nos mueve a reclamar que el Estado garantice la efectiva función sancionatoria del derecho penal. La razón que nos mueve a considerar absolutamente imprescindible la imposición de una pena a quien ha cometido un delito tiene que ver con la prevención como supremo valor social, es decir, con la necesidad de desalentar o disuadir las conductas futuras de quienes, eventualmente, podrían enfrentar las mismas circunstancias de quien ya delinquió y causar el mismo daño que él causó. La liberación de Emilio Quiroz ("Madonna"), el dirigente del gremio de los camioneros detenido por haber disparado con un arma de fuego durante los incidentes en el acto del traslado de los restos del ex presidente Juan Perón a San Vicente, y de Hugo Sosa Aguirre, alias "La Garza", el integrante de la banda del "Gordo Valor", condenado a reclusión perpetua por el homicidio de dos custodios de un camión de caudales -sumada a otra condena por el crimen de un sargento de la policía bonaerense-, son dos ejemplos lamentables de la impunidad que reina en nuestro país, que en nada contribuyen a aquel propósito.
Alguna vez dijimos, y hoy lo reiteramos, que quien está purgando sus culpas en una cárcel no es tanto un individuo "condenado por su pasado", sino alguien que está cumpliendo un servicio social en proyección hacia la sociedad del futuro: su prisión servirá para impedir que otros individuos similares a él se sientan tentados de transitar su mismo camino. Esta clase de reflexiones, como alguna vez se dijo, podrían llevar incluso a descubrir cierta vinculación subyacente, estratégica y hasta solidaria, entre quienes equivocaron su camino en el pasado y quienes estarían en riesgo de repetir su error en un hipotético futuro. Pero no avancemos en ese campo, propio del pensamiento penal y jurídico, en el que sin duda habrá espacio para la polémica y el disenso.
La reciente decisión del gobierno nacional de movilizar a la Gendarmería Nacional para reforzar la seguridad en las calles constituye, por cierto, un buen paso hacia el fortalecimiento de las condiciones que permitirán neutralizar los avances de la delincuencia. Bienvenidas esas medidas, que deberán integrarse con las muchas otras destinadas a combatir el delito y a garantizar la seguridad de la población.
La realidad social no será nunca modificada en función de un análisis simplificado y esquemático -o, peor aún, politizado e ideologizado- de la compleja interrelación de las conductas humanas. Una política transformadora en ese campo sólo será eficiente y duradera si ha sido instrumentada a partir de un análisis maduro y no unilateral ni tendencioso del fenómeno de la delincuencia y de sus múltiples causas culturales y sociales.
Tengámoslo en cuenta a la hora de definir las estrategias tendientes a garantizar la seguridad general y el orden público, valores supremos de toda sociedad.
